En este subgrupo se establecen aquellos delitos en los que se afecta el correcto funcionamiento, y prestación de los servicios de las instituciones de crédito y ahorro, y sus recursos; así como a los clientes al usarlos indebidamente, poniendo en riesgo de situación de insolvencia a ambos; o bien, haber entregado información confidencial propia que se obtiene de los servicios que las instituciones prestan; no cumplir la normatividad correspondiente, o bien, con la intención de obtener ese resultado, el usuario de un servicio de éstas, se coloca en situación de insolvencia para no cubrir un crédito.