Esta clase de delito incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario es un funcionario público, y en ejercicio de sus funciones impide la ejecución de un acto de autoridad al utilizar para ello la fuerza pública, ejerce violencia con motivo de sus funciones en contra de las personas o sus bienes, retarda o niega a los particulares los servicios que deba otorgarles, recibe o mantiene privada de la libertad a un ciudadano fuera de los casos legales o no denuncia tales actos aunque esté obligado a ello.