La extinción de dominio es generalmente una acción llevada a cabo por el Estado a través de sus autoridades competentes, que pueden variar dependiendo de la legislación de cada país. Aquí te doy un vistazo general de quiénes podrían ejercer la extinción de dominio:
Fiscalía o Ministerio Público: En muchos países, la fiscalía o el ministerio público son los encargados de iniciar y llevar a cabo los procesos de extinción de dominio. Estas instituciones son responsables de investigar y perseguir los delitos, incluyendo aquellos relacionados con el crimen organizado y el lavado de dinero, que a menudo son los motivos para la extinción de dominio.
Agencias especializadas: Algunos países cuentan con agencias especializadas dedicadas específicamente a la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el lavado de dinero. Estas agencias pueden tener la autoridad para investigar y perseguir casos de extinción de dominio de manera independiente o en colaboración con la fiscalía u otras autoridades.
Poder Judicial: El poder judicial, a través de los tribunales y jueces competentes, tiene un papel fundamental en el proceso de extinción de dominio. Es el tribunal el encargado de evaluar la evidencia presentada por las autoridades y las partes involucradas, y de tomar una decisión final sobre la extinción de dominio de los bienes en cuestión.
Otras autoridades: Dependiendo de la legislación y la estructura institucional de cada país, otras autoridades gubernamentales pueden tener un papel en el proceso de extinción de dominio. Esto podría incluir organismos encargados de la administración de bienes confiscados, la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, entre otros.
En resumen, la extinción de dominio suele ser una acción llevada a cabo por una combinación de autoridades estatales, incluyendo la fiscalía, agencias especializadas y el poder judicial, con el objetivo de privar a personas o entidades de los bienes obtenidos ilícitamente o utilizados para cometer delitos graves.
