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El homicidio en legítima defensa es un acto en el que una persona causa la muerte de otra al defenderse de una agresión inminente, y su acción se considera justificada por las leyes penales. En este caso, el homicidio no es castigado porque la ley reconoce que la persona actuó para proteger su vida, su integridad física o la de terceros, frente a una amenaza real y grave.
Para que el homicidio sea considerado en legítima defensa y, por lo tanto, exonerado de responsabilidad penal, deben cumplirse varios criterios:
Agresión ilegítima:
Necesidad racional del medio empleado:
Falta de provocación suficiente:
Defensa ante una agresión física: Una persona es atacada por un asaltante armado en su hogar. En un intento de defenderse, la víctima golpea al agresor con un objeto contundente, causando su muerte. En este caso, la defensa puede considerarse legítima porque la víctima estaba protegiendo su vida ante un ataque violento.
Defensa de un tercero: Si una persona ve que otra está a punto de ser atacada con un arma y, en un intento de proteger a esa persona, mata al agresor, este homicidio puede considerarse justificado bajo la legítima defensa de terceros.
En algunos casos, se puede alegar una legítima defensa imperfecta si la persona que cometió el homicidio creía que estaba actuando en defensa propia, pero su percepción del peligro o la respuesta fue irracional o desproporcionada. En estos casos, aunque no se exonera completamente a la persona, las penas pueden ser atenuadas.
El homicidio en legítima defensa es un acto exonerado de responsabilidad penal cuando la persona que mata lo hace para defenderse de una agresión ilegítima de manera proporcional y sin haber provocado la situación. Si se cumplen estos criterios, la ley lo considera justificado y no se aplica ninguna sanción.