Nuestra Firma legal Landmark
Solid Group, en su área de Derecho Penal,
cuenta con amplia experiencia el rubro de Extradición.
La extradición es un proceso legal complejo que involucra la
cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos. Entender el
procedimiento, los tratados aplicables y los derechos de la persona solicitada
es fundamental para garantizar que el proceso se maneje de manera justa y
conforme a la ley. Si te enfrentas a una situación de extradición, es
aconsejable buscar asesoramiento legal especializado en derecho internacional y
extradición.
En caso de que requiera Asesoría Legal, no dude en
contactarnos y poder comentar su asunto con un especialista.
En México la extradición no procederá si la persona solicitada puede ser condenada a la pena de muerte en el país solicitante. Este principio está basado en la Constitución Mexicana y en diversos tratados internacionales de los que México es parte.
Artículo 15 de la Constitución Mexicana: Prohíbe la celebración de tratados de extradición para la entrega de reos que hayan sido objeto de delitos políticos o en casos en los que el país solicitante pueda imponer la pena de muerte.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José): México es parte de este tratado, que establece que ningún país miembro puede extraditar a una persona si enfrenta la posibilidad de ser condenada a la pena de muerte, a menos que se garanticen excepciones.
En ciertos casos, la extradición podría proceder si el país solicitante se compromete formalmente y por escrito a no imponer ni ejecutar la pena de muerte en el caso de que la persona sea extraditada. Este tipo de garantía debe ser específica y emitida por el gobierno del país solicitante, y es uno de los mecanismos utilizados para cumplir con los requisitos de los tratados internacionales.
La defensa del extraditable puede argumentar que el país solicitante aplica la pena de muerte y que no ha ofrecido las garantías necesarias de que esta no será impuesta o ejecutada. Si el país no ofrece dichas garantías, el juez mexicano no concederá la extradición.
Si existe un riesgo real de que la persona enfrentará la pena de muerte en el país solicitante y no hay garantías adecuadas, la extradición no procederá. Este principio es fundamental en la protección de los derechos humanos en México.
