El crimen organizado es otro ámbito donde se aplica la extinción de dominio como herramienta para combatir la actividad ilícita. Las organizaciones criminales que se dedican a actividades como la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, entre otros delitos graves, a menudo obtienen ganancias considerables que son utilizadas para financiar y expandir sus operaciones criminales.
En muchos países, las leyes de extinción de dominio permiten que los activos adquiridos mediante el crimen organizado sean confiscados y decomisados por las autoridades. Esto puede incluir propiedades, vehículos, cuentas bancarias y otros bienes que se han utilizado para cometer o facilitar actividades delictivas.
El objetivo de confiscar estos bienes es privar a las organizaciones criminales de los recursos financieros que necesitan para operar y mantener sus actividades ilícitas. Además, la extinción de dominio puede utilizarse para desmantelar y debilitar las redes criminales al privarlas de sus activos y recursos.
Al igual que en otros casos de extinción de dominio, es fundamental que el proceso se realice dentro del marco legal establecido y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. Las autoridades deben presentar pruebas sólidas ante un tribunal para demostrar que los bienes confiscados están vinculados a actividades delictivas antes de que puedan ser confiscados definitivamente.
