La extinción de dominio tiene varios objetivos fundamentales que están dirigidos a combatir la criminalidad, desmantelar estructuras delictivas y desincentivar la comisión de delitos financieros y graves. Algunos de los principales objetivos son:
Privar a los delincuentes de los beneficios de sus actividades ilícitas: La extinción de dominio busca despojar a los delincuentes de los bienes que han adquirido o utilizado como resultado de actividades criminales, como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero y otros delitos graves. Al confiscar estos activos, se dificulta la capacidad de los delincuentes para disfrutar de las ganancias de sus actividades ilegales.
Desincentivar la comisión de delitos: La posibilidad de perder sus bienes como consecuencia de actividades delictivas puede servir como un elemento disuasorio para los individuos y organizaciones involucradas en actividades criminales. La amenaza de la extinción de dominio puede contribuir a reducir la rentabilidad de las actividades ilícitas y desalentar la participación en ellas.
Recuperar activos para el Estado: Los bienes confiscados mediante la extinción de dominio pueden ser utilizados por el Estado para diversos fines, como compensar a las víctimas del delito, financiar programas de prevención del delito, fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y mejorar la seguridad pública en general. Esta recuperación de activos puede contribuir a mitigar el impacto económico de la criminalidad en la sociedad.
Desmantelar estructuras delictivas: La extinción de dominio puede ser utilizada como una herramienta para desmantelar estructuras delictivas al privarlas de sus recursos financieros y materiales. Al confiscar los activos utilizados para financiar y facilitar actividades criminales, se dificulta la capacidad de las organizaciones delictivas para operar y expandirse.
Promover la integridad y transparencia en la gestión de activos: La aplicación efectiva de la extinción de dominio contribuye a promover la integridad y transparencia en la gestión de activos, al garantizar que los bienes obtenidos ilegalmente no sean utilizados para beneficiar a individuos o entidades corruptas. Esto fortalece el Estado de derecho y fomenta la confianza en las instituciones gubernamentales y el sistema judicial.
En resumen, los objetivos de la extinción de dominio están orientados a combatir la criminalidad, desmantelar estructuras delictivas, recuperar activos para el Estado y promover la integridad en la gestión de activos, con el fin de fortalecer la seguridad y el estado de derecho en la sociedad.
