En el contexto legal, la extinción de dominio se refiere al procedimiento mediante el cual el Estado, a través de autoridades judiciales o administrativas, confisca los bienes que se presumen están vinculados con actividades ilícitas o delictivas. Este procedimiento tiene como objetivo privar a los delincuentes de los beneficios económicos obtenidos de manera ilegal y desincentivar la comisión de delitos financieros y económicos.
La extinción de dominio se basa en la premisa de que los bienes que han sido adquiridos o utilizados en conexión con actividades criminales no deben ser protegidos por los derechos de propiedad, ya que representan el producto de actividades ilícitas que han causado daño a la sociedad. Por lo tanto, a través de un proceso legal, el Estado puede confiscar estos bienes y ponerlos a disposición del uso público o destinarlos a fines sociales, como la reparación de víctimas o la inversión en programas de prevención del delito.
El proceso de extinción de dominio generalmente implica la presentación de pruebas por parte de las autoridades competentes para demostrar la conexión entre los bienes y la actividad delictiva. Los propietarios de los bienes tienen la oportunidad de defenderse y presentar evidencia en contra de la confiscación. Una vez que se ha establecido la relación entre los bienes y la actividad criminal, se emite una sentencia de extinción de dominio que transfiere la propiedad de los bienes al Estado. Este proceso puede estar sujeto a la legislación y los procedimientos específicos de cada país
