La extinción de dominio, por su parte, es un proceso legal que permite a las autoridades confiscar bienes y activos que se presumen adquiridos de manera ilícita, independientemente de si hay o no una condena penal contra el propietario. Este proceso se utiliza para privar a los delincuentes de los beneficios económicos obtenidos de actividades criminales, como el crimen económico.
Cuando se descubre que los activos están vinculados a actividades delictivas, como el fraude financiero o la corrupción empresarial, las autoridades pueden utilizar la extinción de dominio para confiscar esos activos. Esto puede incluir propiedades, vehículos, cuentas bancarias u otros activos adquiridos con ganancias ilícitas.
La extinción de dominio se convierte así en una herramienta crucial en la lucha contra el crimen económico, ya que permite despojar a los delincuentes de los recursos financieros que utilizan para perpetrar actividades ilícitas. Además, su aplicación puede tener un efecto disuasorio sobre los perpetradores potenciales, ya que saben que podrían perder los activos obtenidos ilegalmente.
Sin embargo, la efectividad de la extinción de dominio en casos de crimen económico depende de una sólida aplicación de la ley, una investigación exhaustiva por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y un proceso judicial transparente y justo. Además, la cooperación internacional puede ser esencial en la confiscación de activos en el extranjero y en la prevención de actividades delictivas que trascienden las fronteras nacionales
