La extinción de dominio es un proceso legal mediante el cual se declara la pérdida de los derechos de propiedad sobre ciertos bienes que se presume están relacionados con actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, entre otros. Este proceso varía según el país y su marco legal, pero generalmente implica la intervención de autoridades judiciales o administrativas que determinan si los bienes en cuestión están vinculados a actividades delictivas y, en caso afirmativo, ordenan su confiscación o decomiso.
En muchos casos, la extinción de dominio se realiza como parte de un proceso penal o administrativo, donde se presenta evidencia que demuestra la conexión entre los bienes y las actividades ilícitas. Una vez que se establece esta conexión, los bienes pueden ser confiscados por el Estado, lo que significa que se transfieren a su propiedad y se utilizan para fines legales, como la lucha contra el crimen o la compensación a las víctimas.
Es importante destacar que la extinción de dominio tiene implicaciones legales significativas y debe llevarse a cabo dentro del marco de la ley y los derechos humanos para garantizar un proceso justo y equitativo.
