La protección en el contexto de la extinción de dominio es de suma importancia por varias razones fundamentales:
Seguridad de los informantes y testigos: La extinción de dominio a menudo implica la colaboración de informantes y testigos que proporcionan información crucial sobre activos ilícitos y actividades delictivas. Proteger su identidad y seguridad es esencial para garantizar que estén dispuestos a cooperar sin temor a represalias.
Incentivo para la cooperación: La garantía de protección para informantes y testigos crea un ambiente propicio para la cooperación con las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y los procesos judiciales. Esto puede conducir a la obtención de información valiosa que de otro modo podría ser difícil de obtener.
Eficacia de la investigación y el enjuiciamiento: La protección de los informantes y testigos contribuye a la eficacia de las investigaciones y los procedimientos judiciales relacionados con la extinción de dominio. Al sentirse seguros, están más dispuestos a proporcionar detalles precisos y ayudar en el proceso de recolección de pruebas.
Prevención de la impunidad: Al proteger a los informantes y testigos, se reduce la posibilidad de impunidad para los perpetradores de actividades delictivas relacionadas con el lavado de dinero, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada. Esto fortalece el estado de derecho y fomenta la rendición de cuentas.
Construcción de casos sólidos: La información proporcionada por los informantes y testigos protegidos puede ser crucial para construir casos sólidos en procesos de extinción de dominio. Su testimonio puede ser utilizado para corroborar otras pruebas y establecer la culpabilidad de los delincuentes.
Confianza en el sistema judicial: La protección adecuada de informantes y testigos en casos de extinción de dominio fortalece la confianza del público en el sistema judicial y en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Esto ayuda a promover una cultura de denuncia y colaboración en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
En resumen, la protección en el contexto de la extinción de dominio es esencial para garantizar la seguridad y la colaboración de informantes y testigos, así como para fortalecer la efectividad y la integridad de los procesos judiciales relacionados con la confiscación de activos ilícitos.
