La justificación y los objetivos de la extinción de dominio se fundamentan en la necesidad de combatir eficazmente la delincuencia organizada, la corrupción y otras actividades ilícitas que generan ganancias económicas. Aquí están algunos puntos clave que respaldan esta medida y sus objetivos:
Privar a los Delincuentes de Beneficios Ilícitos: La extinción de dominio busca privar a los delincuentes de los beneficios económicos obtenidos a través de actividades ilegales. Al confiscar los activos vinculados a dichas actividades, se impide que los criminales disfruten de los frutos de sus acciones delictivas, lo que desincentiva la comisión de futuros delitos.
Desmantelar Estructuras del Crimen Organizado: Al confiscar los bienes que forman parte de las estructuras financieras del crimen organizado, se dificulta su operación y se debilita su capacidad para cometer delitos. La extinción de dominio puede contribuir al desmantelamiento de estas organizaciones al privarlas de recursos económicos clave.
Reparación del Daño y Compensación a las Víctimas: Los fondos obtenidos a través de la extinción de dominio pueden destinarse a programas de reparación del daño a las víctimas de delitos, así como a iniciativas para mejorar la seguridad pública y combatir la criminalidad. Esto permite que los recursos confiscados se utilicen de manera positiva en beneficio de la sociedad.
Fortalecimiento del Estado de Derecho: La aplicación efectiva de la extinción de dominio refuerza el estado de derecho al demostrar que el Estado está comprometido en combatir la impunidad y en perseguir los beneficios obtenidos de actividades ilegales. Esto contribuye a fortalecer las instituciones democráticas y a promover la confianza en el sistema judicial.
Prevención del Lavado de Dinero: La extinción de dominio es una herramienta importante en la lucha contra el lavado de dinero, ya que permite identificar, confiscar y decomisar activos que podrían estar involucrados en operaciones de blanqueo de capitales. Al cortar este flujo de dinero ilícito, se dificulta la operación de redes de lavado de dinero y se protege la integridad del sistema financiero.
En resumen, la extinción de dominio se justifica como una medida necesaria para combatir la criminalidad, privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas, reparar el daño causado a las víctimas y fortalecer el estado de derecho. Sus objetivos principales son desincentivar la comisión de delitos, desmantelar estructuras del crimen organizado, compensar a las víctimas y prevenir el lavado de dinero.
