En el ámbito internacional, existen varias convenciones y tratados que abordan la cooperación entre países en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, lo que incluye disposiciones relacionadas con la extinción de dominio. Algunas de las leyes y acuerdos internacionales más relevantes incluyen:
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC): Esta convención, también conocida como la Convención de Palermo, establece medidas para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, incluido el lavado de dinero. Si bien la convención no aborda específicamente la extinción de dominio, proporciona un marco general para la cooperación internacional en la confiscación de activos obtenidos mediante actividades delictivas.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC): Esta convención aborda el problema de la corrupción en todos sus aspectos, incluido el lavado de dinero y la confiscación de activos. La UNCAC establece disposiciones específicas relacionadas con la recuperación de activos robados y la cooperación internacional en materia de extinción de dominio.
Grupo de Acción Financiera (GAFI): El GAFI es un organismo intergubernamental que establece estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sus recomendaciones proporcionan directrices para los países en áreas como la identificación y confiscación de activos relacionados con actividades delictivas.
Convención de Mérida: Esta convención regional, también conocida como Convención Interamericana contra la Corrupción, establece medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Incluye disposiciones sobre la recuperación de activos y la cooperación entre los Estados Parte en la extinción de dominio.
Estos son solo algunos ejemplos de las leyes y acuerdos internacionales que abordan la extinción de dominio y la recuperación de activos relacionados con actividades delictivas. Los países suelen comprometerse a implementar estas disposiciones a nivel nacional y a cooperar con otros países en la confiscación y recuperación de activos en el marco de estas convenciones y tratados internacionales
