En el caso de la pesca ilegal, la extinción de dominio puede aplicarse a los activos obtenidos de manera ilícita a través de actividades pesqueras que violan las leyes y regulaciones establecidas para la protección de los recursos marinos y la sostenibilidad de la pesca. La pesca ilegal puede incluir la captura de especies protegidas, la pesca en áreas protegidas, la pesca sin licencia o el uso de métodos de pesca destructivos.
El proceso de extinción de dominio en casos de pesca ilegal puede seguir estos pasos:
Investigación: Las autoridades llevan a cabo una investigación para identificar a los responsables de la pesca ilegal y recopilar pruebas sobre las actividades delictivas.
Identificación de activos: Se identifican los activos que están relacionados con la pesca ilegal y que pueden ser objeto de extinción de dominio. Esto puede incluir embarcaciones utilizadas en la pesca ilegal, equipos de pesca, productos pesqueros obtenidos ilegalmente, entre otros.
Presentación de pruebas: Las pruebas recopiladas durante la investigación se presentan ante un tribunal u otra autoridad competente para demostrar la conexión entre los activos y el delito de pesca ilegal.
Notificación a los interesados: Se notifica a los interesados, incluidos los propietarios de los activos y cualquier otra persona con un interés legítimo en ellos, sobre el proceso de extinción de dominio y se les brinda la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.
Proceso judicial: Se lleva a cabo un proceso judicial en el que se evalúan las pruebas presentadas y se determina si los activos están sujetos a extinción de dominio.
Decisión judicial: Basándose en las pruebas y los argumentos presentados, el tribunal o la autoridad competente toma una decisión sobre si los activos deben ser confiscados a través de la extinción de dominio.
Confiscación de activos: Si se determina que los activos están relacionados con la pesca ilegal, pueden ser confiscados por el Estado y destinados a diversos fines, como la conservación de los recursos marinos, la compensación a las comunidades locales afectadas por la pesca ilegal o la financiación de programas de vigilancia y control de la pesca.
Es importante destacar que el proceso de extinción de dominio en casos de pesca ilegal debe cumplir con los principios del debido proceso y garantizar los derechos de las comunidades locales y los pescadores legales. Además, debe haber una coordinación efectiva entre las autoridades pesqueras, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las comunidades locales para abordar este delito y proteger los recursos marinos.
