La extinción de dominio ejerce una significativa presión económica y estratégica sobre los grupos delictivos. Aquí hay algunas formas en las que esto ocurre:
Limitación de Recursos Financieros: Al confiscar los activos y bienes adquiridos ilícitamente, la extinción de dominio reduce drásticamente los recursos financieros disponibles para los grupos delictivos. Esto afecta su capacidad para financiar sus actividades criminales, incluyendo la compra de armas, el soborno de funcionarios, el pago de sobornos y la expansión de sus operaciones.
Dificultad en la Limpieza de Dinero: La confiscación de activos dificulta el proceso de lavado de dinero para los grupos delictivos. Al perder sus bienes, se ven obligados a buscar nuevas formas de ocultar y legitimar sus ganancias ilícitas, lo que puede ser mucho más difícil y riesgoso después de que se haya tomado acción de extinción de dominio.
Desestabilización de Operaciones: La pérdida de activos esenciales puede desestabilizar las operaciones cotidianas de los grupos delictivos. Desde la logística hasta la contratación de personal, la falta de recursos puede dificultar el funcionamiento eficiente de estas organizaciones, lo que lleva a una disminución en la capacidad para cometer crímenes y expandirse.
Presión para Negociar o Abandonar Actividades: La extinción de dominio puede ejercer una presión considerable sobre los líderes de grupos delictivos, llevándolos a considerar la negociación con las autoridades o incluso a abandonar ciertas actividades criminales para evitar más confiscaciones y enfrentar posibles persecuciones legales.
Reducción del Poder y la Influencia: Con la pérdida de activos y recursos financieros, los grupos delictivos pueden ver disminuido su poder y su influencia en la sociedad. Esto puede llevar a una reducción en su capacidad para intimidar a la población, corromper a funcionarios públicos y ejercer control sobre ciertas áreas geográficas.
En resumen, la extinción de dominio crea una presión económica y estratégica significativa sobre los grupos delictivos al limitar sus recursos financieros, dificultar el lavado de dinero, desestabilizar sus operaciones, presionar para la negociación o el abandono de actividades criminales, y reducir su poder e influencia. Esto fortalece los esfuerzos del Estado para combatir la delincuencia organizada y proteger a la sociedad.
