La presión para negociar o abandonar actividades ilícitas es una de las consecuencias significativas de la aplicación efectiva de la extinción de dominio. Aquí hay algunos puntos clave sobre cómo se produce esta presión:
Privación de Recursos Clave: La confiscación de activos a través de la extinción de dominio priva a los grupos delictivos de recursos financieros vitales que utilizan para mantener y expandir sus operaciones criminales. Esta privación puede forzar a los delincuentes a reconsiderar sus actividades ilícitas debido a la falta de capital para financiarlas.
Reducción de la Capacidad Operativa: Al perder activos valiosos, los grupos delictivos pueden experimentar una reducción significativa en su capacidad operativa. Esto puede dificultar su capacidad para adquirir armas, contratar personal, sobornar a funcionarios y llevar a cabo otras actividades necesarias para mantener sus operaciones.
Mayor Escrutinio y Riesgo: La aplicación efectiva de la extinción de dominio puede aumentar el escrutinio sobre las actividades financieras de los delincuentes y exponer sus operaciones a un mayor riesgo de detección y enjuiciamiento. Esto puede hacer que los delincuentes se sientan más vulnerables y menos dispuestos a continuar con actividades criminales.
Aumento de la Presión Policial: La confiscación de activos a través de la extinción de dominio puede ir acompañada de una mayor presión policial y de aplicación de la ley sobre los grupos delictivos. Esto puede hacer que sea más difícil para ellos operar de manera efectiva y puede llevar a una disminución en la confianza y la lealtad entre los miembros de la organización.
Incentivos para Negociar o Abandonar Actividades: Ante la presión ejercida por la extinción de dominio y otras acciones de aplicación de la ley, los delincuentes pueden verse incentivados a negociar con las autoridades o incluso a abandonar sus actividades criminales por completo. Esto puede implicar la colaboración con las autoridades para proporcionar información sobre otras actividades delictivas a cambio de concesiones judiciales o reducción de penas.
En resumen, la aplicación efectiva de la extinción de dominio puede ejercer una presión significativa sobre los grupos delictivos, privándolos de recursos, reduciendo su capacidad operativa, aumentando el riesgo de detección y enjuiciamiento, y generando incentivos para negociar o abandonar actividades ilícitas. Esto puede contribuir a debilitar la infraestructura del crimen organizado y a reducir la incidencia de delitos en general.
