Los principios fundamentales de la extinción de dominio varían según la legislación de cada país, pero algunos de los principios comunes incluyen:
Legalidad: La extinción de dominio debe estar basada en leyes y procedimientos legales establecidos en el sistema jurídico de un país. Debe existir una base legal clara que justifique la confiscación de los bienes.
Presunción de inocencia: Aunque se presume que los bienes están relacionados con actividades ilícitas, los propietarios tienen derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto implica que las autoridades deben presentar pruebas sólidas que demuestren la conexión entre los bienes y la actividad delictiva.
Debido proceso: Los procedimientos de extinción de dominio deben garantizar el derecho a un debido proceso legal para los propietarios de los bienes. Esto incluye el derecho a ser notificado adecuadamente, el derecho a defenderse, el acceso a la asistencia legal y la posibilidad de impugnar la confiscación ante un tribunal imparcial.
Proporcionalidad: La extinción de dominio debe ser proporcional al delito cometido y al daño causado. Las medidas de confiscación deben ser proporcionales a la gravedad del delito y no deben exceder lo necesario para lograr los objetivos de la confiscación.
Transparencia y rendición de cuentas: Los procedimientos de extinción de dominio deben ser transparentes y sujetos a supervisión pública para garantizar la integridad del proceso y prevenir abusos. Las autoridades encargadas de la extinción de dominio deben rendir cuentas por sus acciones y decisiones.
Protección de los derechos de terceros: Se deben establecer mecanismos para proteger los derechos de terceros que puedan tener intereses legítimos en los bienes sujetos a extinción de dominio, como acreedores o familiares de los propietarios.
Estos son algunos de los principios fundamentales que suelen guiar los procedimientos de extinción de dominio en diferentes jurisdicciones, con el objetivo de garantizar un equilibrio adecuado entre la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos individuales y la legalidad
