La extinción de dominio es un proceso legal mediante el cual el Estado puede confiscar los bienes que se presume fueron obtenidos a través de actividades ilícitas o que hayan sido utilizados para cometer crímenes graves, como el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, la corrupción, entre otros delitos graves.
El objetivo principal de la extinción de dominio es privar a los delincuentes de los beneficios económicos obtenidos de manera ilegal, así como desarticular las estructuras financieras de organizaciones criminales y prevenir la reinversión de los fondos en actividades delictivas.
Los procedimientos y requisitos para llevar a cabo la extinción de dominio pueden variar según el país y su sistema legal. Sin embargo, por lo general, implica un proceso judicial en el que se presenta evidencia que demuestra la conexión entre los bienes en cuestión y actividades criminales. Si un tribunal determina que hay pruebas suficientes, puede ordenar la confiscación de los bienes, que luego pasan a ser propiedad del Estado.
