El lavado de dinero en el contexto de la administración pública se refiere al uso de recursos y funciones gubernamentales para ocultar o legitimar fondos de origen ilícito. Este tipo de actividad ilegal puede ocurrir en diversas áreas y niveles del gobierno, y algunas de las prácticas más comunes incluyen:
Corrupción y sobornos: Los funcionarios públicos pueden recibir sobornos o pagos ilegales a cambio de favores, contratos públicos inflados o para facilitar la aprobación de proyectos.
Contratación pública: Manipulación de procesos de licitación y contratación para desviar fondos hacia empresas ficticias o vinculadas con delincuentes.
Desvío de fondos públicos: Transferencia de fondos destinados a proyectos públicos hacia cuentas personales o empresas controladas por personas involucradas en actividades ilícitas.
Compra de bienes y servicios: Uso de dinero ilícito para comprar bienes y servicios a través de contratos públicos, con el objetivo de integrar esos fondos en la economía legal.
Uso de paraísos fiscales: Transferencia de fondos a jurisdicciones con regulaciones laxas para ocultar la propiedad real de activos o para dificultar el seguimiento del dinero.
Para combatir el lavado de dinero en la administración pública, es fundamental fortalecer los controles internos, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y aplicar estrictas normas de cumplimiento y auditoría. Las medidas incluyen la supervisión de transacciones financieras, la capacitación en ética y normativas anticorrupción para funcionarios públicos, y la cooperación internacional para intercambiar información sobre actividades sospechosas. Además, es crucial promover una cultura de integridad y ética dentro de las instituciones gubernamentales para prevenir y detectar casos de lavado de dinero de manera efectiva
