Con el propósito de facilitar información a interesados, estudiantes o litigantes en Materia Penal, nuestra firma ha hecho una fragmentación del contenido del Código Nocional de Procedimientos Penales, la cual puede ser de utilidad para la aplicación ante diversas dependencias tales como Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o en carácter Federal la Fiscalía General de la Republica, en el manejo de carpetas de investigación, o en su caso pueden constituir material de análisis para comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
La intención de nuestra firma Abogadopenalista.mx es apoyar en la dilución de contenido jurídico para estudio y defensa de derechos, en tal caso si pudiera requerir el punto de vista u opinión del precepto que se transcribe no dude en contactarnos...
Código Nacional de Procedimientos Penales
Que dice el articulo 256
Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad
Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a
las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la
acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan
reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes
supuestos:
I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga
pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el
delito no se haya cometido con violencia;
II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de
delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el
influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares;
III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico
o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que
torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena;
IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de
importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría
imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero;
Fracción reformada DOF 17-06-2016
V. Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más
grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio;
Fracción reformada DOF 17-06-2016
VI. Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible,
resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal.
Fracción reformada DOF 17-06-2016
VII. Se deroga. ersonalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente
el interés público. Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser
aplicado el supuesto de la fracción V, en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que
coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en
consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.
Párrafo reformado DOF 08-11-2019
El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin
discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto
en el presente Código así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador o
equivalente.
La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de
que se dicte el auto de apertura a juicio.
La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Procurador o por el servidor
público en quien se delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable.
