El lavado de dinero en la industria aeronáutica implica el uso de actividades y transacciones dentro de este sector para ocultar o legitimar fondos de origen ilícito. Dada la complejidad y la globalización de la industria aeronáutica, así como las altas sumas de dinero involucradas en la compra y operación de aeronaves, existen varias estrategias que los delincuentes pueden utilizar para llevar a cabo el lavado de dinero. Algunas de las prácticas comunes incluyen:
Compra y venta de aeronaves: Adquisición y disposición de aeronaves utilizando fondos ilícitos, a menudo a través de intermediarios o empresas pantalla para ocultar la verdadera propiedad y el origen del dinero.
Arrendamiento de aeronaves: Utilización de contratos de arrendamiento de aeronaves para mezclar fondos legales e ilegales, complicando la identificación de transacciones sospechosas.
Sobornos y comisiones ilegales: Pagos indebidos a funcionarios o intermediarios para asegurar contratos de compra de aeronaves o para influir en decisiones relacionadas con la industria aeronáutica.
Transacciones internacionales y paraísos fiscales: Transferencia de fondos a jurisdicciones con regulaciones laxas para ocultar la propiedad real de aeronaves o para dificultar el seguimiento del dinero a través de transacciones internacionales.
Uso de efectivo y métodos no rastreables: El uso de efectivo y métodos de pago no rastreables, como criptomonedas, para dificultar la detección del origen y destino del dinero ilícito en transacciones relacionadas con la industria aeronáutica.
Para combatir el lavado de dinero en la industria aeronáutica, las autoridades implementan medidas estrictas como auditorías detalladas, supervisión financiera rigurosa, regulaciones específicas contra el fraude comercial y la manipulación de precios, así como la cooperación internacional entre autoridades fiscales y de cumplimiento. Además, las empresas aeronáuticas son alentadas a fortalecer sus programas de cumplimiento, adoptar prácticas de debida diligencia y promover la transparencia en sus operaciones para mitigar el riesgo de ser utilizadas para actividades ilícitas de lavado de dinero
